Somos un colectivo de parapentistas que desde hace unos veinticinco años venimos utilizando la cima Beastegi, en el paraje de Talaimendi, como zona de despegue, vuelo y aterrizaje.

Nueva edificación

Todo arranca en 2010 cuando la familia Garrastazu Aranguren, propietaria del caserío Amezti, solicita licencia para la rehabilitación del caserío. El Ayuntamiento de Aia concede, indebidamente y sin sujeción a procedimiento legal, la licencia en base a un proyecto básico en el que aprovechaban parte del caserío para su reconstrucción.

Y en el 2013, apoyándose en la licencia dada, lo que iba a ser una rehabilitación se convierte en una nueva edificación totalmente prohibida al estar en un suelo no urbanizable de especial protección.

Está a 300 metros del caserío original
(ahora tiene mejores vistas)

Aumenta su volumen considerablemente

Cambia totalmente de estilo arquitectónico

Las Normas Subsidiarias de Aia y la ley vasca del suelo lo prohíben literalmente

Cualquiera que vea los planos adivina enseguida el uso para el que está proyectada.

Esta edificación atenta a nuestro entender, contra la Ordenación del Territorio, hecho por el cual se cursó denuncia ante la Ertzaintza, que viendo indicios de delito penal dio traslado de la misma al Juzgado número 1 de Azpeitia, que ha abierto diligencias previas.

En breve añadiremos otra denuncia Contencioso-Administrativa por la edificación, vallado sin licencia en un entorno protegido y cierre de caminos públicos contra los Ayuntamientos de Aia y Zarautz.

En esta nueva edificación está el meollo de la cuestión y el inicio de los problemas causados al interés público, por una gestión municipal deplorable.

Historia

Somos un colectivo de parapentistas que desde hace unos veinticinco años venimos utilizando la cima Beastegi, en el paraje de Talaimendi, como zona de despegue, vuelo y aterrizaje. El área está dentro de la Zona de Tránsito del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) al que todos tenemos acceso público por ley. De hecho, siempre ha sido una zona muy frecuentada también por paseantes, que subiendo de Zarautz a través del Gran Camping, llegaban a la cima y, o bien tomaban el mismo para volver, o seguían la senda que desciende hacia la playa de Txurruka, para enlazar con el Camino de Santiago y subir entre viñedos de nuevo al Camping.

La zona de vuelo está reconocida por la Diputación de Gipuzkoa, que prohíbe el vuelo del 1 de febrero al 1 de junio por ser época de cría de una pareja de halcones peregrinos que anida en la zona.

Ya habíamos visto que empezaba a levantarse una nueva edificación de gran tamaño en la ladera, pero fue en mayo, cuando varios mendizales que habian subido a pasear se encontraron con el lío y dieron la voz de alarma. El camino que daba acceso a la cima y todo el perímetro oeste de la finca estaba vallado, con señales de prohibido el paso por doquier. Los propietarios (la familia Garrastazu Aranguren, de la que forma parte Maite Garrastazu Aranguren, la actual responsable de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Zarautz -EAJ/PNV-) decían a todo el que se acercaba que ya no se podía subir a la cima, que era terreno privado. Hubo días en los que incluso increpaban a los que, en el parquing del Camping sacaban el parapente del coche, para conseguir que no subieran, hacían fotos, llamaban a la Ertzaintza… intentaban amedrentar a todo el que se acercaba, el monte y el acceso al mar eran suyos.

Se habilitó un nuevo camino por fuera de la propiedad de la citada familia, que de nuevo cerraron con vallas saliéndose de su propiedad e invadiendo la Zona de servidumbre de protección del DPMT.

Se denunció a la Administración de Costas por la imposibilidad de acceder al DPMT y resolvio declrando no ser competente para sancionar las conductas infractoras, dirigiendo un escrito al Ayto de Zarzutz para que indicara el paso al DPMT en su término , impuesto por al ley de costas y cerrado por el ilegal vallado instalado. La Juntas Generales de Gipuzkoa (EAJ/PNV), gestora del Biotopo, actualmente tiene en sus manos la decisión de indicar la retirada del vallado por cuestiones ambientales; esta institución ya tuvo ocasión de manifestarse sobre cuestiones de ordenación del territorio y se lavó las manos sin intervenir adecudamente, siendo competente para ello. No obstante, puso de manifiesto la ilegal actuación advertida en Talaimendi en sus informes técnicos.

Ante esta situación podíamos rendirnos o seguir peleando, y este último es el camino que vamos a seguir. No será un camino fácil; pero es uno de esos caminos que pretende restaurar una cosa que se llama dignidad y que las leyes suelen esconder detrás de una acción llamada pública; la que nosotros vamos a ejercitar en este caso ante el Juzgado. En la sociedad que vivimos se hace poco uso de esa acción, porque se esconde al publico entre enmarañadas reglas para ejercitarla; además nos hemos acostumbrado a que ciertas “élites” campen a sus anchas por la vida, imponiendo reglas y normas de conducta a los demás sin observarlas para ellos mismos. Este es uno de esos casos; gentes que se sienten amparadas por el poder local, se escudan tras él y actúan con un halo de impunidad que consideran normal. El daño que causan no solo es un daño material evaluable en términos urbanísticos, ecológicos o ambientales, es sobre todo un daño moral, una acción contra la comunidad en la que creen predominar sobre todos. Esa edificación y todo lo que hay a su alrededor es un

ejemplo flagrante de este tipo de actuaciones contra la comunidad, contra lo que es de todos; es un intento de devaluar a la comunidad, de doblegarla a la voluntad de un particular ( o unos pocos particulares) y además amparados por el criterio de entidades públicas (Ayuntamientos de Aia y de Zarautz) que hacen gala de una interpretación del urbanismo y del estatuto de la propiedad privada acomodada a las circunstancias personales de los promotores de este tipo de actuaciones. Y ese es el más pantanoso de los caminos en estos casos: Pelear por lo publico contra un Administración Pública. Es así de triste. No se si ganaremos o perderemos esta pelea; es una más; pero estamos dando un ejemplo a quienes nos miran de uno y otro lado del cuadrilátero; nuestra falta de interés político basada en la espontánea organización cívica puesta de manifiesto, es el mayor activo que tenemos; además de razones legalmente fundamentadas. Vamos a intentar que nos den la razón. Porque lo importante no es tenerla, sino que te la den.

Vallado

Se ha instalado un vallado sin licencia, de ferralla y con dos metros de altura, en un Espacio Protegido que cierra camino vecinal y acceso al Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) al que todo ciudadano tiene garantizado el acceso libre por ley.

¿Cómo es posible que el Ayuntamiento de Zarautz consienta la existencia de un vallado sin licencia en un ámbito sensible a un espacio protegido y que no se haga nada desde que se denunció?

¿Cómo es posible que el Ayuntamiento de Aia consienta y defienda el cierre de caminos vecinales que dan acceso al Dominio Público Marítimo Terrestre (DMPT)?

¿Cómo es posible que la administración de Costas cuestione si el acceso es público o privado cuando por ley no pueden existir accesos privados al mar?

Esencialmente porque la edil responsable de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Zarautz, Maite Garrastazu Aranguren (EAJ-PNV) es la dueña de ese vallado, que en todo su tramo norte está dentro de la servidumbre de protección y sobre la de tránsito, según descripción legal.

Caminos

La propiedad ha cerrado el CAMINO VECINAL que desde siempre ha dado acceso a la cima Beastegi, es decir, al Domínio Público Marítimo Terrestre (DMPT). Este camino está documentado en las escrituras públicas (desde 1907) del terreno que soporta el DMPT y se puede apreciar con total claridad en la serie histórica de ortofotos de la zona.

En estas fotos se ven los diferentes caminos de acceso tanto desde el Gran Camping de Zarautz, como desde la playa de Txurruka, a orillas de la desembocadura del Oria. Camino, este último, que la propiedad también ha cerrado con cintas y señales de prohibido el paso.

Cada administración está echando encima de otra las reclamaciones para que el acceso quede libre y se pueda usar por el público en general, tal y como garantiza la LEY DE COSTAS.

Lejos de defender el derecho público de acceso al mar lo único que se está obteniendo son trabas y disparates como el protagonizado por el Ayuntamiento de Aia, recientemente, negando el carácter público de un camino vecinal que siempre ha dado acceso a la ribera del mar en esa zona; y que ha sido utilizado hasta hace poco menos de seis meses por el público en general.

Es vergonzoso que las entidades llamadas legalmente a defender lo que es de todos se escondan y defiendan otros intereses, cuando su sola voluntad puede resolver el problema del acceso en menos de 24 horas.

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Recurso

La Federación Guipuzcoana de Deportes Aéreos ha presentado RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO contra el Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Aia que permitió la nueva edificación en Talaimendi [...]